Organizados, familiares de prisioneros políticos buscan agilizar implementación del Acuerdo de Paz

asociacion prisioneros politicos huila tolima quindio 1Cerca de 50 familiares de personas privadas de la libertad por cuestiones propias del conflicto armado se dieron cita en la Segunda Asamblea de Familiares de Prisioneros Políticos en Natagaima (Tolima).    

Redacción 180 Grados

Natagaima - Tolima    

En un acto formal en el municipio de Natagaima (Tolima), se creó la Asociación de Familiares de Prisioneros Políticos – Regional Huila, Quindío, Tolima. A través de esta iniciativa organizativa, estas madres, esposas, hermanos y padres buscan dinamizar acciones de mayor incidencia y más asertivas en búsqueda de la libertad de sus familiares que suman cerca de 530 privados de la libertad por algunas de las tres clasificaciones de prisioneros políticos identificadas por las organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia.

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Los familiares conocieron algunos de los alcances de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz, como también quiénes podrían participar y cómo se trataría a la luz de ésta legislación. Para los llamados prisioneros de guerra, es decir, aquellos que se declaran abiertamente miembros de las insurgencias, la dejación de las armas y la incursión a la vida civil les abre la esperanza, mucho más para aquellos miembros de las Farc-Ep que tienen a cuestas condenas cercanas a los 40 años de prisión.

La asociación

Por otro lado, el espacio permitió a los participantes escuchar las historias de los familiares de los prisioneros de diferentes zonas del país, en miras a sensibilizarse de la necesidad de estar organizados, apoyándose entre regiones y estar atentos ante cualquier situación donde no se cumpla lo establecido en el Acuerdo.

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“No es la primera vez que hacemos un evento con los familiares. Ellos siempre han sido los más preocupados por el tema de los derechos humanos y la libertad de sus seres queridos. En ese sentido, vimos necesario que ellos crearan la Asociación de Familiares de Prisioneros Políticos como escenario para velar por la defensa de sus derechos y por la implementación de la Ley 1820 para lograr su libertad; pero también para que aporten a la implementación del Acuerdo Final y para la construcción de la paz”, explicó William Acosta, miembro del equipo jurídico de la Corporación Semilla y Memoria.

Actos simbólicos 

Además de la creación de la organización, el espacio también sirvió para el reconocimiento a cada prisionero político por medio de actos simbólicos, cuya declaración política saldrá a la luz pública en los siguientes días. En el espacio intervino vía Skype la comandante Victoria Sandino, integrante de Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz por parte de las Farc-Ep, y de José Marbel Zamora, prisionero de guerra de ese grupo insurgente y recluido en la cárcel de Chiquinquirá (Boyacá).

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“Superamos las expectativas con el espacio, el apoyo de los familiares ha sido muy bueno y fundamental, los familiares se van contentos porque ya tienen la información sobre cómo se va implementar la 1820 en cada uno de sus familiares y se van dispuestos a apoyar en cada una de las iniciativas que se desprendan con la implementación del Acuerdo de Paz.” puntualizó Acosta.

Normativa especial

180 GRADOS recordó con la ayuda de los abogados de la Corporación Jurídica y de Derechos Humanos Semilla y Memoria algunos aspectos del nuevo panorama que se avizora para estos cerca de 530 prisioneros. En el caso de las amnistías y los indultos, la Ley 1820 de 2016 sólo las otorgarán por delitos conexos a la rebelión que se relacionen con financiar, ocultar y apoyar al desarrollo de la misma. En este sentido, el espacio permitió que cada familiar pudiera resolver inquietudes jurídicas frente a su caso particular.

Distinto a lo anterior, los delitos relacionados con graves crímenes de guerra, genocidio, violaciones sexuales, torturas, desplazamientos, desaparición forzada y demás, no serán amnistiados conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Para esa clase de delitos habrá procedimientos especiales a fin de hacer comparecer a los procesados ante la Jurisdicción Especial para la Paz, con la condición de que su conducta hubiese sido cometida en el contexto y en razón del conflicto armado.

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