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¿Qué pasó con la barcaza ‘La Magdalena’ del proyecto Parque Isla Aventura en Neiva?

imputan cargos contra hector anibal ramirezLuego de nueve años, el proyecto Parque Isla Aventura poco o nada le ha servido a Neiva para reimpulsar el turismo por el río Magdalena. Y así como se encuentra este proyecto, así mismo está la barcaza que se construyó pensada para el transporte fluvial hacia el parque.

Con bastante oxidación y sin ninguna utilidad al público. Así se encuentra en estos momentos la barcaza ‘La Magdalena’ que se construyó para prestar los servicios de transporte fluvial por el río Magdalena al complejo turístico Parque Isla Aventura. El proyecto tenía como objetivo prestar servicios de transporte fluvial desde y hacia el parque ecoturístico, siendo este un atractivo adicional, en una apuesta por convertir la afluente en una oportunidad económica más para la ciudad.

Los residentes del sector aledaño al puerto El Caracolí, donde está el muelle flotante donde permanece abandonada la barcaza, aseguran que ha sido un lugar de consumidores de droga y habitantes de calle. Hoy cuenta con vigilancia privada y presencia de la Policía, quienes han evitado que los enemigos de lo ajeno desmantelen la embarcación. La embarcación no estaría en uso, al parecer, porque el río en la zona donde está parqueada no tiene la suficiente profundidad para poder navegar.

A responder ante la justicia

Y precisamente este ‘elefante blanco’ es el que llevó a los estrados judiciales al ex alcalde Héctor Aníbal Ramírez Escobar; a Euclides Dussán García, quien era jefe de contratación; y a Julián David Cárcamo Luna, representante legal del consorcio Muelle 2010, constructor de la barcaza. El viernes pasado se cumplió la audiencia de formulación e imputación de cargos contra estas personas por el presunto delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en el proyecto de construcción de la barcaza.

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“Los servidores públicos que intervinieron en el desarrollo del proyecto, ellos son el alcalde de Neiva, Héctor Aníbal Ramírez, y el jefe de contratación, Euclides Dussan García, no cumplieron los postulados de la Constitución Política, en especial los previstos en el artículo 209, que dispone que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad”, dijo el fiscal Segundo Delegada ante el Tribunal.

Antecedentes del proyecto

Se requería de un transporte fluvial, que conectara el kilómetro y medio de distancia entre el Parque Isla Aventura con la zona urbana de la ciudad, pero que además sirviera como un atractivo turístico adicional del proyecto. Es por ello que el entonces alcalde Ramírez Escobar expide el Decreto 562 del 31 de julio de 2009, que facultaba al señor Dussán García para hacer el pliego de la licitación pública, para el diseño y construcción del medio de transporte.

Acto seguido, la administración adelantó el proceso de licitación, para lo cual el 2 septiembre de 2010 publicitaron el aviso de convocatoria. En el pliego de condiciones, se establecía un presupuesto de 624 millones 848.156 pesos, de acuerdo al estudio previo elaborado por Nicolás Darío Zapata, director de la Dirección de Asistencia Técnica Rural y Medio Ambiente – Datma, hoy ya fallecido.

La convocatoria concluye con la adjudicación del contrato de obra 573 del 17 noviembre de 2010 al consorcio Muelle 2010, cuya representación legal estaba a cargo del cartagenero Cárcamo Luna y bajo el objeto contractual ‘diseñar y construir un equipo fluvial para el Parque Nacional Isla Aventura, del municipio de Neiva’. La inversión acordada finalmente entre las partes fue de 616 millones 397.600 pesos, con vigencia de 8 meses y puesta en marcha dos meses, luego de su terminación. La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – Cormagdalena aportó recursos económicos al proyecto.

Posteriormente, mediante acta del 18 de febrero de 2011, las partes justifican la modificación y creación de ítems adicionales al contrato inicial, como también ampliación de términos y condiciones. Se establece en esta acta, el cambio del sistema de propulsión de la barcaza, ya no con un motor diésel sino con un sistema de dos motores fuera de borda de 125 caballos de fuerza. Así mismo, se estipuló la construcción de obras complementarias al embarcadero flotante, como unos pilotes en tierra.

Finalmente, se hace una adición presupuestal de 294 millones 351.112 pesos el 2 de mayo de 2011 al contrato No. 573. El dinero, según los documentos obtenidos por el delegado del ente acusador, fue adjudicado en un plazo de 35 días. Para el 20 de septiembre de 2011 se elabora el acta de liquidación del referido contrato de obra, suscrito por Cárcamo Luna, representante del consorcio.

“El contrato no se cumplió a cabalidad”

Pero hoy han pasado nueve años y aún no está en uso para el turismo que llega a la ciudad. A parecer, el contrato No. 573 “no se cumplió a cabalidad”. El fiscal del caso aseguró durante la imputación que el estudio mismo realizado por el Datma, en cabeza para entonces director Nicolás Darío Zapata, hoy fallecido, “no contó con una debida estructuración técnica, en la medida en que no se consideró aspectos fundamentales como los morfológicos, hidráulicos, ribera, cause, variación de profundidad, cambios de niveles estacionales hidráulicos del río Magdalena a su paso por la ciudad de Neiva”.

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Por esta razón, el muelle flotante y la barcaza están prácticamente encallados en la zona destinada para el atraco. “Los equipos fluviales quedaron varados por la falta de profundidad en el agua, impidiendo que estos cumplieran con su destinación. Por lo anterior, debieron haberse previsto o proyectado otras alternativas de tipo fluvial, tal como lo determinó mediante experticia técnica el ingeniero naval Orlando Castañeda Vanegas”, sentenció el fiscal durante la audiencia de imputación.

La investigación de la Fiscalía aseguró que “se presentó un sobre costo o diferencia de precio” en la construcción de la barcaza y el muelle flotante por 322 millones 989.008 pesos. La administración municipal terminó entregándole al contratista 915 millones 748.712 pesos, por un proyecto que estaba avaluado en 592 millones 759.704 pesos, según la experticia del ingeniero Castañeda Vanegas.

“No hay tal sobrecosto”: Ex alcalde Ramírez.

Para el ex alcalde Héctor Aníbal Ramírez hay total tranquilidad de lo que se adelantó en su administración. “Tenemos las pruebas suficientes para probar que hicimos todo como corresponde, por ejemplo, cuando terminó nuestro gobierno, la barcaza estaba funcionando. ¿Por qué no había puesto al servicio al público? Porque la entidad que la construyó, es decir los que realizaron el contrato (el consorcio Muelle 2010), tenían también la responsabilidad de adiestrar a las personas que iban a manipular la nave, y estaban en ese periodo de adiestramiento”, subrayó el ex mandatario.

“En el desarrollo de los contratos en la administración pública existen unas personas que forman parte activa de esos, los supervisiones, los interventores, quienes pueden establecer cambios que no se tienen en cuanta al inicio de los proyectos. Muchos cambios de esos generan más costos otros generan menos costos. Pero precisamente antes de esa situación se hace el análisis de costo, y hoy estoy absolutamente seguro de que no hay tal sobrecosto”.

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Mientras se resuelve en los estrados judiciales el futuro del ex mandatario conservador, el de su ex jefe de contratación y en del contratista, la barcaza seguirá encallada en el mismo lugar en la que lo ha estado en los último nueve años. Mientras tanto, la administración municipal del alcalde Rodrigo Lara le seguirá pagando sueldo a los celadores que vigilan la deteriorada embarcación, la cual seguirá siendo un nostálgico recuerdo de lo que habían sido los champanes que navegaban durante los años 30 y 40 por las abultadas aguas del Yuma.

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