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Preocupación en Huila por asesinatos de los dos ex combatientes de Farc en Meta y Nariño

asesinato farcTras la denuncia del asesinato de Sebastián Coy Rincón y Ángel Aleyser Meléndez, excombatientes de Farc en Meta y Nariño, en el Huila las reacciones no se hicieron esperar. 180 Grados ha sistematizado 15 casos de hostigamientos y amenazas en el sur y centro del departamento.  

Líderes sociales y miembros de movimientos políticos de Izquierda en el departamento del Huila se mostraron preocupados y con muestras de ira por los últimos hechos, en los que se le estaría “haciendo conejo” a la implementación del Acuerdo de Paz. Y una muestra de ello (tal vez la más preocupante) es el sistemático asesinato de miembros de la ex guerrilla de las Farc, hoy convertida en organización política legal. El más reciente asesinato se presentó ayer 21 de noviembre en los departamentos de Meta y Nariño, en el que fueron encontrados sin vida Sebastián Coy Rincón y Ángel Aleyser Meléndez.

Coy Rincón pertenecía al ETCR Mariana Páez, ubicado en el departamento del Meta. Su cuerpo fue encontrado en la zona rural del municipio de La Uribe. El pasado 15 de noviembre fue reportado como desaparecido por su familia y compañeros de militancia. Así mismo, Ángel Aleyser fue encontrado en similares circunstancias en la vereda Tablón, municipio de Leiva, departamento de Nariño. “Con estos dos asesinatos ascendemos al doloroso número de 84 camaradas asesinados después de la firma del Acuerdo Final”, subrayó el comunicado de la Consejo Patriótico Nacional de Farc.

En la misma información oficial, la Farc advirtió que los asesinatos están relacionados a la persecución que, según ellos, está viviendo el movimiento en los últimos dos años de implementación del Acuerdo de Paz. El asesinato de Coy Rincón ocurriría en cercanías a una zona donde se encontraban militares del Ejército Nacional. Meléndez fue asesinado en una zona donde hacen presencia estructuras criminales que siguen fortaleciéndose en Nariño, más concretamente, reductos paramilitares.

Desde el 6 de noviembre pasado, el movimiento político fariano solicitó al presidente Duque un encuentro urgente para analizar esta situación de asesinatos a sus militantes, en miras a definir acciones reales y concretas para brindar garantías de seguridad y protección. Pero el llamado de urgencia no ha sido escuchado por el Gobierno Nacional. “Por el contrario, vemos como se le quita preponderancia a la institucionalidad encargada de generar los planes de lucha contra el paramilitarismo y brindar garantías de protección en coherencia con los dispuesto en el Acuerdo”, subraya la comunicación oficial del Partido.

Alarmas en el Huila

libardo chilatra velandia huilaEn la Izquierda en el Huila hay un ambiente de alarma y preocupación también. El defensor de Derechos Humanos, Libardo Chilatra Velandia, puso el tema en la mesa de discusión, haciendo énfasis en lo que él denominó “la falta de capacidad organizativa y combativa para enfrentar este genocidio”. “¿Dónde está, dónde quedó, nuestra capacidad de lucha conspirativa, rebelde, (no estoy hablando de la lucha armada) que acumulamos día a día en 60 años, enfrentando a esta oligarquía cobarde, mansalvera, insaciable y corrupta?”, cuestionó Chilatra en un mensaje en su Facebook.

Finalmente, hizo un llamado a los partidos políticos de la coalición para emprender acciones de protección y mitigar las condiciones que hoy depara la nueva violencia que, al parecer, avanza. “El Partido de la Rosa, el Partido Comunista, la Unión Patriótica, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, el movimiento Marcha Patriótica, la izquierda colombiana en su conjunto, los demócratas de verdad, debemos emprender verdaderas acciones de masas para parar este genocidio, lo cual nos lleva necesariamente a salvar el Proceso de Paz”, puntualizó.

En Huila, un importante número de militantes de Izquierda, miembros de organizaciones sociales, cívicas y de base ya han sido hostigadas y amenazadas. La Agencia Informativa 180 Grados ha sistematizado el caso de 15 líderes sociales que fueron hostigados o amenazados entre los meses de septiembre y octubre de 2018. Los casos de amenazas se registraron en los municipios del sur del departamento y en la capital del mismo. Las denuncias se radicaron ya ante las autoridades competentes, pero estas no han procedido mayormente con las investigaciones.

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