¿Quiénes están detrás del desalojo de dos asentamientos en Neiva?

movilizacion vivienda digna 1Unas 2000 familias serían desalojadas de los asentamientos Lomas de San Pedro y Miraflores de Neiva, luego de cinco años de haber residido allí. Los predios los reclaman dos personas, cuyos antecedentes como funcionarios públicos estarían lejos de ser meritorios.   

John Fredy Nagles Soto

Hugo Mauricio Fernandez

Redacción 180 Grados

Neiva (Huila) 

Pese a que se firmó ya el nuevo Acuerdo de Paz, comunidades enteras siguen denunciando que sus fundamentales derechos le son vulnerados. Y eso podría ocurrir hoy con cerca de 2.000 familias afectadas quienes serán desalojadas la otra semana bajo una orden de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Neiva. El jueves pasado, cerca de 200 personas de esta comunidad marcharon con cadenas a sus cuellos desde la estación de servicios del barrio Galindo, en la Comuna 9, hasta la esquina de la calle 7 con carrera 4, al lado de la Catedral La Inmaculada, centro de la capital huilense.

manifestantes encadenados 1

Y no es para menos. Según el documento FOR-C6-03, la Alcaldía de Neiva admitió una querella presentada por la Sociedad Neiva Futura S.A.S. en junio de 2014. La orden, notificada a la comunidad el pasado 23 de noviembre, precisa que el proceso de desalojo se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de este mes desde las 8:00 AM. Sin embargo, Sonia Romero, lideresa comunitaria, aseguró que pese a que con Alfredo Vargas, secretario de Gobierno, habían pactado una serie de acuerdos, redactados a manera de borrador de decreto, estos nunca fueron finiquitados por el alcalde Rodrigo Lara Sánchez.

manifestantes encadenados 2

Los habitantes aseguran que llevan residiendo desde hace cinco años en estos predios, cuando estaban avaluados en cerca de 5 millones 800 mil pesos, como aseguran sus líderes. Ahora que el terreno fue trabajado por esta comunidad, sus dueños, es decir, el exalcalde Jorge Escandón y Oriol Rodríguez, pretenden vendérselo a un precio cinco veces superior del avaluado hace cinco años al inicio del asentamiento. “A esta época, ellos nos los están vendiendo a 55 mil pesos el metro cuadrado, es decir, 165 mil millones de pesos un terreno de más de  33 mil metros cuadrados que es el tamaño del predio”, resaltó Sonia.

Antecedentes de los implicados

Los predios son de propiedad de dos dueños diferentes. El conocido como Lomas de San Pedro es de propiedad de la Sociedad Neiva Futura S.A.S, cuyo representante legal es Jorge Lorenzo Escandón Ospina, quien fue alcalde de Neiva entre 1998 y 2000. El exfuncionario, quien es docente del área de ética en la Universidad Surcolombiana, fue llamado por un fiscal en enero de 2001 para que respondiera por el presunto delito de peculado por apropiación. Escandón destinó dinero de la Alcaldía para realizar estudios de Derecho Administrativo a la Universidad Externado en Bogotá y solicitar viáticos para sus traslados sin tener derecho. En una entrevista al Diario La Nación el 24 Agosto 2014, el hombre reconoció que efectivamente el delito sí lo había cometido.   

El otro predio, conocido como Miraflores, es de Oriol Rodríguez Hernández, concejal quien fue destituido en fallo de segunda instancia por el Consejo de Estado en diciembre 2005 por violar al régimen de conflicto de intereses. Sobre esta destitución, el entonces cabildante por el Partido de la U tenía a su hermano Germán Rodríguez Hernández trabajando como funcionario en la Dirección de Justicia de Neiva de la Secretaría de Gobierno durante la administración de Cielo González Villa. Aunque el Tribunal Administrativo del Huila denegó las pretensiones de la demanda en sentencia del 14 de julio de 2005, el Consejo de Estado tumbó tal decisión y decidió destituirlo, junto a Alejandro Plaza Macías, también concejal.

Una extenuante movilización

Desde muy temprano en la mañana, un nutrido grupo de personas se movilizaron para rechazar las medidas tomadas por la Alcaldía de Neiva frente al desalojo. De ese grupo de marchantes, por lo menos 20 personas, caminaban con sus cuellos y brazos atados a unas cadenas y candados.

María Martínez una de las encadenadas de la jornada

Doña María Martínez, una de las encadenadas de la jornada, es habitante del asentamiento Manantial II en el sector de Lomas de San Pedro. “Somos personas pobres, humildes y trabajadoras. Tienen un mal concepto de las personas que viven en los asentamientos, pero realmente si ustedes miran alrededor no van a ver a personas indeseables”, relató la angustiada señora.

Como ella, hay un importante número de personas que en su mayoría son desplazados de los departamentos de Caquetá, Putumayo, Meta y Cauca. “Estamos aquí en la calle pidiéndole al señor alcalde que nosotros votamos por ellos para que nos sirvan, pero en cambio nos está perjudicando a más de 2.000 familias que no tenemos a dónde coger”, relató don Reinaldo Méndez, residente del asentamiento Alto Mirador.

Reinaldo Méndez residente del asentamiento Alto Mirador

¿Concertación con la alcaldía?

Alfredo Vargas, secretario de Gobierno Municipal, manifestó que se está tramitando actualmente en el Concejo de Neiva la política pública de asentamientos subnormales, que tiene como objeto solicitar la facultad al municipio para la compra de predios, que tratándose de territorio del municipio facilite entregar soluciones a quienes se encuentran en estos asentamientos.

Sin embargo, en un censo realizado, se pudo establecer que de dos mil familias, 560 ya tiene vivienda y algunos de ellos tienen hasta cuatro predios, como lo dijo el funcionario. “La información que tenemos es que hay personas que están defraudando y cometiendo delitos. Asociadas ilegalmente como lo arrojó el censo de Loma de San Pedro, que nos permitió hacer este cruce de información y esta gente tiene que ser judicializada”.

Sin embargo, el proceso de desalojo de Loma de san Pedro, que cursa en la Inspección Quinta y tenía programada una diligencia para este 28 de noviembre, fue suspendida por no encontrarse las condiciones para realizarla, hasta tanto no se resuelva la situación de los niños y las víctimas. En todo caso, el desalojo se programara para una fecha posterior en tanto se resuelvan estos puntos.

Por su parte, la comunidad espera que todos sus reclamos sean escuchados por la Administración Municipal para que les puedan ofrecer una solución integral que resuelva sus necesidades básicas de vivienda.

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