Editorial | Huila crece en violencia y asesinatos de líderes sociales

En Colombia el conflicto armado -que no cesa- deja más muertos que la pandemia que azota al mundo. Y Huila es uno de los departamentos donde la violencia crece en la nariz de los gobernantes.

La mano negra no tiene cuarentena en el municipio de Algeciras, donde fueron masacrados en la última semana de mayo Saúl Rojas González, presidente de la junta comunal del barrio San Juanito; Carlos Monroy, presidente de la Asociación de padres de Familia de la Institución Educativa Juan XXIII; y el joven Yan Carlos Montaño Ovalle, hijo de un ex combatiente de FARC.

Ayer mismo, mientras el gobernador Luis Enrique Dussán presidía un concejo de seguridad en Algeciras, tres destacados ciudadanos del municipio y, entre ellos, dos líderes sociales, fueron víctimas de un atentado. Las mujeres afectadas son Yanira Andrea Saavedra Pinzón, de 32 años de edad, representante legal de la Asociación de Mujeres Cabeza de Hogar Gestoras de Paz y Desarrollo – ASOMUPAZ, y Jeins Naín Sánchez Carvajal, de 42 años, presidente de la Cooperativa de Apicultores de Algeciras, COOAPIAL. La tercera persona es Ana Dilma Saavedra, de 48 años, hermana de la lideresa, quien también resultó herida y fue trasladada al Hospital Universitario de Neiva, como lo registramos en nuestro portal.

Y el panorama nacional es igual de desalentador. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) reporta que este año han sido asesinados 101 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, 8 familiares o personas relacionadas con los líderes y defensores y 25 personas firmantes del Acuerdo de Paz. Colombia sigue siendo el país de América Latina donde más defensores de Derechos Humanos son asesinados pese a ser firmantes del Acuerdo, ya que la seguridad en las zonas rurales del país es nula y siempre están expuestos al riesgo, la violencia y el abandono del Estado.

Ser líder social en Colombia es, ahora más que nunca, una vocación de riesgo. Las agresiones no paran, el Estado no hace presencia y la protección tarda en llegar. Por su parte, la Unidad Nacional de Protección admite estar en déficit y no dar abasto para atender las solicitudes de protección que llegan por cientos cada semana, incluidas las de líderes sociales amenazados, como afirma su director Pablo Elías González, en el sitio Web de la entidad. Una situación muy alarmante que deja mudas a las autoridades y a quienes detentan la responsabilidad de proteger a los ciudadanos.

Pero en Colombia no existirán garantías hasta que se puedan atacar las causas que ocasionan la victimización: la violencia sociopolítica, la estigmatización, la persistencia de grupos armados vinculados al conflicto, grupos criminales vinculados con el narcotráfico, y un clima no sólo de polarización sino también un discurso justificatorio de los homicidios por parte del gobierno Duque. Entonces, hablar de garantías sería hablar de planes concretos que permitan desactivar la violencia en cada uno de estos focos. Por lo pronto, disculpen la molestia. ¡Nos están matando!

banner